Después de las visitas de los familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel a los legisladores porteños, la respuesta fue que en la sesión ordinaria del jueves 1 de octubre de 2009 la legislatura porteña aprobó la declaración (Expediente 2207 D 09):
"Preocupación ante los presuntos abusos policiales que desembocaron en la muerte de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco"
Legisladores que presentaron el proyecto: Maffia, Di Filippo, Abrevaya, Cabandié, Hourest, Parada y Walsh.
De todas maneras ningún legislador le avisó a los familiares de tal resolución y mucho menos preguntaron si necesitaban algo.
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su preocupación ante los presuntos abusos policiales que desembocaron en la muerte de los jóvenes Jonathan "Kiki" Lezcano de 17 años y Ezequiel Blanco de 25 años. Asimismo, reclama el juicio y castigo de los culpables, al tiempo que se suma al pedido de los familiares y vecinos para una profunda investigación sobre el accionar de la Comisaría Nº 52.
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El pasado 8 de julio, Jonathan "Kiki" Lezcano, de 17 años y Ezequiel Blanco, de 25 años, salieron en un remise a las siete la tarde de Villa Lugano, su barrio, siendo ésa la última vez que fueron vistos con vida.
Sus familiares y amigos iniciaron una larga peregrinación en búsqueda de los jóvenes, la cual incluyo visitas a diversas comisarías de la zona, al hospital Piñero, a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a Missing Children, entre otros lugares, pero no encontraron ninguna respuesta.
Angélica madre de Jonathan junto a la hermana de Ezequiel comenzaron a pegar afiches con fotografía de los jóvenes y al cumplirse un mes de la desaparición organizaron una serie de actividad, como un corte en la Avenida Fernández de la Cruz, con la esperanza de que los medios de difusión se hicieran eco del tema.
Cuando reclamaban en la Avenida Fernández de la Cruz, dos periodistas de un diario barrial intentaron hablar con la mamá de Jonathan, pero unos policías de la Comisaría 52 los interceptaron y los obligaron a retirarse sin hacer la nota.
Ante el reclamo de justicia, los familiares de los dos jóvenes desaparecidos comenzaron a recibir constantes amenazas, por lo que concurrieron a la Defensoría del Pueblo para hacer la denuncia contra la Comisaría 52.
Todo parece indicar que personal de la Comisaría 52, ubicada en Cafayate y Francisco Fernández de la Cruz, estaría involucrado en la desaparición de Jonathan y de Ezequiel, según se desprende de una serie de episodios narrados por familiares y amigos de los dos jóvenes.
Por ejemplo, el martes 7 de julio, un uniformado de esa seccional amenazó a Jonathan, mientras otro policía le sacaba fotografías. Seis meses antes, otro policía apodado "El Indio" fue a la casa de Jonathan para advertirle a Angélica, la mamá, que su hijo corría peligro.
Otro indicio de que la comisaría 52 estaría implicada en el caso es la
aparición, un tiempo antes, de un auto "trucho" (autos secuestrados o
pertenecientes a la brigada, que no tienen ningún tipo de identificación)
frente a la casa de un primo de Jonathan, en lo que parece ser práctica común de la policía para incriminar jóvenes.
Incluso, según la denuncia de los familiares de los jóvenes desaparecidos, Gabriel Omar "Titi" Alvarez, primo de Jonathan, fue asesinado por un policía al que se conoce en el barrio como "El Percha", frente a varios testigos.
El pasado lunes 14 los familiares de los dos jóvenes desaparecidos se enteraron que habían sido muertos a balazos por un agente de la Comisaría 12 de la Policía Federal en ocasión de un supuesto intento de robo.
Según la versión policial, reproducida por la agencia oficial de noticias Telam, , Jonathan y Ezequiel eran “dos delincuentes que murieron baleados tras asaltar a un policía en el barrio porteño de Parque Chacabuco”.
Esa versión señala que el 8 de julio un efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal salía con su auto de su casa, ubicada en pasaje El Zonda y Castañares, de Parque Chacabuco, y fue interceptado por los dos jóvenes, quienes lo amenazaron con armas. El policía se identificó y dio la voz de alto, pero como continuaban apuntándole, les pegó dos tiros al mayor y uno al menor. El hecho -continúa la información que la policía distribuyó al periodismo- fue presenciado por varios vecinos que llamaron al 911 cuando advirtieron el asalto y que corroboraron la versión del efectivo, quien primero fue detenido, pero luego fue liberado porque se determinó que había actuado en “legítima defensa”.
De esa forma, los cuerpos de ambos jóvenes quedaron alojados en la morgue judicial como NN a la espera de que alguien reclamara por ellos o de que se efectuara una identificación a través de huellas digitales.
A pesar de que estaban identificados durante dos meses y medio ninguna de
las dos familias fue notificada de la muerte de los jóvenes y sólo se
enteraron en el momento en que acudieron a la Fiscalía para realizar las
averiguaciones. Es más, Jonathan había sido enterrado como NN en el
Cementerio de la Chacarita.
Ahora bien las amenazas y golpizas previas a las que había sido sometido Jonathan y sus familiares, la falta de investigación, las informaciones contradictorias y las amenazas a sus familiares durante su búsqueda, así como el fusilamiento con disparos en la cabeza de ambos jóvenes llaman la atención y deben ser motivo de investigación por parte de la justicia.
Estos hechos de violencia institucional están directamente vinculados a la falta de presencia del Estado, que deja en una situación de desprotección a las familias de nuestra Ciudad en materia de seguridad y deja desprotegidos a muchos jóvenes adictos al paco que infructuosamente reclaman políticas de contención y asistencia sanitaria para que sus hijos no sean presa de los narcos o de policías corruptos.
Es urgente que expresemos nuestro repudio contra los crímenes cometidos, pero también, y fundamentalmente, que empecemos transitar un camino que nos conduzca a la revisión de la composición y el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por todo lo expuesto y porque estoy convencido que es nuestra obligación como representantes del pueblo de la Ciudad expresarnos en ese sentido, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Y en este link se encuentra la declaración del congreso nacional: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4966-D-2009
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